Qué hacemos

La Contraloría General de la República de Chile (CGR) es un órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, encargado de controlar la legalidad de los actos administrativos y resguardar el correcto uso de los fondos públicos.

Está determinada por su propia Ley Orgánica constitucional (N° 10.336) y es una institución autónoma respecto del Poder Ejecutivo y demás órganos de la Administración del Estado.

Su labor fiscalizadora es de carácter jurídico, contable y financiero, y tiene el objetivo de verificar que las instituciones públicas actúen dentro de la ley y en el ámbito de sus atribuciones, utilizando de manera eficiente y eficaz los recursos públicos.

La función de la Contraloría es que la actividad de la Administración del Estado se ajuste al ordenamiento jurídico, la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Así, tiene un rol protagónico en la prevención de la corrupción, promoviendo acciones capacitación permanente a las instituciones e iniciativas colaborativas a nivel internacional.

También supervisa que el patrimonio público se administre correctamente y se respete el ordenamiento vigente, fiscalizando el ingreso e inversión de los fondos públicos, además de examinar y revisar las cuentas de los funcionarios que tienen a su cargo estos recursos.

 

Historia

Desde la Colonia en adelante, en Chile ha habido múltiples instituciones precursoras de la Contraloría General de la República. Entre ellas destacan la Real Audiencia, la Contaduría Mayor de Cuentas, la Dirección General de Contabilidad y el Tribunal de Cuentas.

La Real Audiencia fue un Supremo Tribunal de Justicia en América, que tuvo especial relevancia por sus atribuciones contraloras. Surgió en la Colonia en 1567, en Concepción, y en 1609 en Santiago. Su principal función fue fortalecer la autonomía. Perdió relevancia en el siglo XVIII y fue suprimida tras el triunfo patriota en Chacabuco, el 12 de febrero de 1817. 

En 1939, las atribuciones de la Real Audiencia las asumió la Contaduría Mayor de Cuentas, organismo contralor y contable, precedente de los organismos de control tras la Independencia. Fue la primera institución que antecedió de forma directa la labor de la Contraloría General, contando con una atribución jurídica fundamental: la toma de razón, ejercida después, en forma más amplia, por el Tribunal de Cuentas y la CGR.

En 1888, una ley orgánica estableció al Tribunal de Cuentas como la principal entidad fiscalizadora del país, superando en atribuciones a los organismos contralores conocidos hasta ese momento. El abogado Valentín Letelier Madariaga, calificado como “un constructor de la República” por su aporte al país, fue Fiscal de dicho Tribunal entre 1891 y 1918. Sus dictámenes marcaron el Derecho Administrativo por más de un siglo e instauraron los principios de legalidad, independencia de la función fiscalizadora y la obligación de los servidores públicos de rendir cuenta de su gestión.

En 1925 se produjo un hito para la CGR: El Gobierno de Chile contrató a un grupo de expertos financieros estadounidenses, liderados por Edwin Kemmerer, reconocido profesor de la Universidad de Princeton y asesor de gobiernos en temas bancarios y monetarios. La “Misión Kemmerer” propuso la creación de la Contraloría General de la República, suprimiendo la Dirección General de Contabilidad, el Tribunal de Cuentas, la Dirección General de Estadísticas y la Inspección General de Bienes de la Nación.

“La labor que realizan los organismos predecesores será entregada a la Contraloría y realizada por ella”, planteó Kemmerer. Una Comisión Revisora -presidida por el Superintendente de Bancos, Julio Philippi- aprobó la propuesta y, mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 400 bis, se creó la Contraloría General de la República, el 26 de marzo de 1927. 

Posteriormente, este decreto tuvo múltiples modificaciones disposiciones para perfeccionar sus funciones, atribuciones y potestades. Entre las más importantes destacan la reforma de 1943, que le otorgó rango constitucional y mayor autonomía e independencia; y su Ley Orgánica, promulgada en 1953, con cambios sucesivos para introducir mejoras.

 

Funciones

 

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