Más de 250 trabajadores portuarios en labores de muellaje de Puerto Central de San Antonio, decidieron irse a huelga la tarde de este jueves.

Al respecto, manifiestan que no se les ha asegurado sus turnos laborales como tampoco un reajuste sólido a sus sueldos bases.

Tres sindicatos de Muellaje Central, pertenecientes a Puerto San Antonio rechazaron la oferta de la empresa en medio de la negociación colectiva.

En votación unánime, en donde participaron 254 portuarias y portuarios -lo que equivale al 80% de la fuerza de trabajo en labores de muellaje- decidieron irse a huelga al no llegar a un acuerdo con Puerto Central.

Pablo Sepúlveda, miembro de la comisión negociadora del Sindicato Sitramcen de Muellaje Central, manifestó que los principales puntos que exigen en el término de la propuesta de contrato colectivo, tiene relación con que la empresa les asegure sus turnos.

Sin embargo, la firma no establece un mínimo de éstos, algo que según el trabajador no les da una certeza de ingresos finales.

Puerto Central les ofrece un reajuste del 3% a los sueldos bases, y en el caso de un movilizador portuario –que son la mayoría de los trabajadores– les proponen un aumento de 900 pesos por turno.

Algo que manifestó es irrisorio, sobre todo, considerando que no tienen certeza de cuántos turnos realizan al mes.

Además, sostuvo que los 9 gerentes -en 2017- subieron su sueldo en cerca de 250 mil dólares, mientras que el aumento para los 170 trabajadores es de la orden de 350 mil dólares.

Según apuntó Pablo Sepúlveda, esto último no representa la realidad de la empresa portuaria, manifestando que son los mismos trabajadores los que han valorizado la empresa Puerto Central.

La firma Puerto Central de San Antonio es parte del grupo Pulogsa, controlado hasta abril por Matte y Angelini.

Sin embargo, la empresa portuaria fue vendida con sus trabajadores a Dubai Ports (DP World), la firma más grande del mundo en materia portuaria, con sede en Dubai.

Los trabajadores manifiestan que deberían ser parte de las utilidades que generó la venta de la firma, por cerca de 90 millones de dólares y acusan que la respuesta fue un rotundo no.

Incluso, pidieron al ministro del trabajo, Nicolás Monckeberg, que como Gobierno se hicieran parte de las mediaciones, desde donde tampoco obtuvieron una respuesta positiva.