El lugar que ocupa la actual ciudad de La Ligua estaba habitado, a comienzos del siglo XVIII, por un corto número de familias que se habían establecido en torno a la iglesia parroquial y en terrenos pertenecientes a ésta.

El templo parroquial seguía ocupando el sitio de la antigua capilla sede de la doctrina de los siglos XVI y XVII pero había perdido toda su importancia al desmembrarse, hasta casi desaparecer del todo, los antiguos "pueblos de indios". En 1725 sólo siete familias ocupaban los terrenos inmediatos a la parroquia, a la que pagaban un arrendamiento por su explotación y uso.

Además de las siete familias anteriores, otras cinco ocupaban también las cercanías para "lograr el beneficio inmediato de la misa y demás Santos Sacramentos"(60) y el beneficio menos espiritual del comercio que realizaban con los mineros. En efecto, desde comienzos del siglo XVIII las serranías cercanas comenzaron a ser exploradas por individuos venidos de todas partes en busca de vetas de minerales fácilmentete explotables.

La llegada de nuevos pobladores y el desarrollo de la actividad minera que le siguió aumentó la importancia de la pequeña aldea de La Ligua, transformándose en su centro abastecedor. No tardó entonces en ser reconocida como Asiento de minas, nombrándose en ella un teniente de corregidor a cargo de la autoridad local y en representación del corregidor y justicia Mayor del Corregimiento de Quillota pues la aldea formaba parte de su territorio.

La actividad minera se unió a otros factores ya existentes tales como el hecho de ser la sede parroquial, la situación de enclave en la ruta que salía de Santiago al norte y la confluencia de tres importantes haciendas (sedes de numerosas encomiendas). El conjunto de todos estos factores explica la concentración de una población de neto crecimiento.

Pero si bien la actividad minera fue el primer elemento en dotar a la aldea de una vida más activa, fue también la primera causa de sus dificultades. Las disposiciones reales ordenaban que los asientos de minas estuvieran distantes al menos una legua de los lugares en explotación. En el caso de La Ligua esto se cumplía con creces ya que el lugar que había concentrado casi todas las actividades mineras a comienzos del siglo XVIII era el cerro de "Pulmahue", ubicado a tres leguas del Asiento. En este lugar se explotaban minerales de oro en gran cantidad por mineros independientes, "pirquineros", "habiados" y por los propios hacendados de las vecindades. La explotación de las vetas auríferas de las serranías de Pulmahue por una masa de individuos cada vez más numerosa creó la necesidad inmediata del abastecimiento de alimentos, herramientas de trabajo y sitios de diversión además del emplazamiento lo más cercano posible de los "habiadores" que financiaban la explotación y recibían los minerales Iara su comercialización.

El viejo Asiento de La Ligua, distante a más de 10 kilómetros de las serranías de Pulmahue, no era totalmente apto para responder a las exigencias que hemos enumerado anteriormente, por lo que un nuevo grupo de pobladores, directamente vinculados a la actividad minera, se instaló a no más de ocho cuadras d;e distancia del último trapiche de los cuatro que había en funcionamiento(61), quedando suficientemente cerca para satisfacer las necesidades de los mineros y a la vez fuera de la distancia mínima requerida por la ley para los poblados que se instalaran en los vecindades de las explotaciones mineras.

El nuevo lugar elegido, además de estar muy próximo a las vetas auríferas en explotación, quedaba también inmediato a la hacienda Pullally, propiedad agrícola dotada de una abundante mano de obra indígena encomendada. Así pues, dos importantes focos de concentración de población favorecían la elección del nuevo sitio: uno vinculado a la minería del cerro de Pulmahue y el otro a la hacienda y encomiendas de Pullally. En 1739, a cinco años de ponerse en explotación la primera veta del sector, se habían ya establecido en las vecindades 12 comerciantes con sus respectivas bodegas ("ranchos") de compraventa, además de 12 otras habitaciones que albergaban a vecinos agricultores del lugar. Entre 1739 y 1755 ---cuando la actividad minera había comenzado a decaer-, el número de familias que poblaban el lugar (denominado ahora como Nuevo Asiento de la Placilla de La Ligua), se había elevado a 49(62).

El nuevo poblado, denominado también -y con mayor propiedad que el antiguo- "Asiento de minas", despertó la oposición de numerosos sectores, que se fue haciendo más evidente a medida que aumentaba su población. Se opuso a él desde luego la autoridad local: al no poder controlar el nuevo poblado por la distancia que le separaba de la antigua sede del teniente de corregidor, el ejecutor del cargo (residente del asiento antiguo, agricultor y comerciante), solicitó la intervención del Corregidor de Quillota(63).

A la oposición del teniente -que veía limitado el ejercicio de su autoridad civil- se sumó la del cura párroco, aduciendo éste que los nuevos pobladores quedaban también fuera de la autoridad divina(64). De este modo las autoridades civiles y eclesiásticas coincidieron en su oposición a la nueva población con los mercaderes del antiguo asiento, quienes vieron alejarse de su comercio al sector más importante de la demanda local y que por su expansión creciente y la riqueza de los minerales en explotación representaba una posibilidad de acrecentar sus intereses. El núcleo residencial antiguo usó en esta oposición las dos armas más importantes de que disponía: la justicia local y la Iglesia, a los cuales se unió, aunque por motivos diferentes, el principal hacendado del partido, el Marqués de la Pica don Miguel de Andía Yrarrázaval y Bravo de Saravia, propietario de la hacienda de Pullally. Este último manifestó su oposición al nuevo poblado por el "daño" que se le ocasionaba a sus "indios encomendados", los que abandonaban la hacienda donde servían de "peones" para ocuparse en otras actividades y sobre todo porque la cercanía de las bodegas de compraventa a las casas de la hacienda (distante a no más de un kilómetro río de por medio), atraían a estos peones para adquirir allí sus necesidades más inmediatas y no en las pulperías de la hacienda -especialmente vino y licores- que se vendían comúnmente a los mineros cuando abandonaban sus faenas y que los indígenas adquirían de buen grado.

Por otra parte, los hacendados participaron también en la explotación aurífera de la zona contratando mano de obra ocasional y sobre todo adquiriendo los minerales traídos por los mineros independientes bajo la forma de habilitación o directamente. Para ellos pues, la presencia de los nuevos pobladores representaba una alternativa de competencia en la medida en que estos últimos estaban directamente vinculados a la minería además de las dificultades que le creaban al status servil de sus peones.

Fue así como los hacendados obtuvieron del Corregidor de Quillota la adopción de medidas drásticas que significaban la extinción del nuevo asiento, especialmente después que la autoridad regional visitara personalmente el lugar cuestionado.

El Corregidor acogió las quejas que por una u otra razón le hicieron saber su representante local, el cura párroco, los comerciantes, los residentes del asiento antiguo y los hacendados del partido. Este funcionario prohibió que ningún antiguo poblador del "Asiento Viejo" pasase a la nueva población. Dispuso también la demolición inmediata de las casas y sitios ya poblados y su consiguiente abandono, fundándose en los daños que resultaban de la venta indiscriminada de vinos y licores que hacían los mercaderes tanto entre los mineros como entre los peones agrícolas de las haciendas vecinas, y en la imposibilidad de extender su propia justicia hasta la nueva población(65). Los pobladores del nuevo centro acudieron al Gobierno Superior del Reino para defender sus intereses siendo apoyados en su demanda por los propios mineros del lugar, quienes, por lo demás, tenían intereses en ambos sitios(66). Los residentes objetaban las medidas del Corregidor aduciendo que no había contravenciones a las ordenanzas reales con el nuevo lugar elegido ya que se encontraba fuera de la legua exigida como límite para este tipo de sitios. Señalaban, además, las ventajas que representaban para la actividad minera el disponer de una fuente de abastecimiento cercana, toda vez que sus escasos recursos les impedían disponer de medios de transporte con que cubrir la distancia que separaba a los minerales del asiento antiguo(67). Sostenían también que las actividades locales no se veían entrabadas por los factores que esgrimía el Corregidor(68), y que su emplazamiento estaba muy distante de las encomiendas que había en el partido para que éstas se vieran perjudicadas por su ubicación. Sin embargo esta defensa no representaba sino a los pequeños mineros independientes del sector y no a las grandes explotaciones, que también las había, a pesar del deseo de los primeros por asimilar toda la minería de la zona a su propia condición. Para aquéllos era muy ventajoso el disponer en forma inmediata de sus habilitados(69).

Los conflictos que opusieron a la autoridad con los intereses particulares de mineros, comerciantes de alcoholes, pulperos y hacendados se constituyó en un fenómeno general que se repite constantemente a lo largo de todo el territorio. Casos similares se dan en Limarí, Petorca, Olmué, Talca, etc.(70).

La Real Audiencia tomó conocimiento de las objeciones hechas a las disposiciones del Corregidor, tanto de parte de los mineros como de los nuevos pobladores, y su presidente, el gobernador Manso de Velasco, ordenó al Corregidor de Quillota que realizara una nueva investigación en el lugar para decidir si procedía o no la extinción del nuevo asiento. En el fondo la autoridad central prefirió ignorar las objeciones de los grandes propietarios y de los antiguos pobladores buscando favorecer la actividad minera que constituía en ese momento uno de los principales objetivos de la política de colonización hispánica. Así lo entendió la Real Audiencia y así lo expresó su Fiscal(71).

La Real Audiencia sabía bien que la minería de la región estaba animada fuertemente por pequeños mineros itinerantes e independientes, y que las poblaciones a que ellos daban lugar se diferenciaban del resto; era indispensable tolerar una vida social más agitada si se pretendía continuar con una actividad altamente ventajosa para la Corona. Por eso el Fiscal informó al Gobernador que: "no era suficiente motivo para la dicha remoción la perpetuación de delitos y vicios porque por otros medios se podían desarraigar éstos que son casi irreparables de las costumbres malas que se adquieren en los minerales por la raíz de los que de ordinario los fundan, de tal suerte que puede decirse, que es mal tolerado por quitar mayor daño o por reportar mayor ventaja su ocupación"(72).

Pero además, y en concordancia con el ánimo siempre conciliatorio con que la administración hispana atendía las dificultades de sus colonos americanos, el Gobernador dispuso también que sólo pudieran venderse vino y licores en el Asiento Viejo. Así accedió a las peticiones del hacendado y de los mercaderes de La Ligua, quienes sabían que este rubro era el "subproducto" más beneficioso de la actividad minera. El Gobernador ordenó también que no se permitieran otras instalaciones de pobladores en el Nuevo Asiento, lo que contribuyó de paso a detener un principio de especulación en los arrendamientos de los terrenos vecinos al lugar.

Sin embargo, tanto ésta como las otras disposiciones sólo tenían el ánimo de satisfacer las objeciones de los opositores al Nuevo Asiento, ya que la Real Audiencia y el Gobernador sabían bien que esas medidas no detendrían el fenómeno cuestionado. No es extraño entonces que al poco tiempo el Corregidor informara al gobierno central, que, si bien los "pulperos" no vendían alcoholes en el Asiento, lo hacían, en cambio, en las labores mineras bajo la protección de los mismos propietarios(73).

En cuanto a la ocupación del lugar el propio Gobernador concedió "licencia" a un minero, en mayo de 1742, para que dispusiera legalmente de las construcciones que había levantado en ese sitio, y un mes después (junio de 1742), determinó que: "para la mayor conveniencia y auge del mineral... continúe la existencia del dicho Nuevo Asiento en tal manera que no sólo se mantengan los ranchos y casas ya fabricadas sino que se puedan construir libremente de nuevo todas las que se quieran hacer por cualesquier particular"(74).

El cambio de actitud en el Gobierno central no sólo estuvo determinado por el deseo de favorecer la actividad minera (política que animó siempre a la Corona española), sino también por la intención del Gobernador de solucionar el "problema" de la formación de núcleos urbanos dentro de un contexto mayor y valedero en todo el Reino. Manso de Velasco inició una política de poblaciones que habría de prolongarse por más de medio siglo, con resultados a veces diamentralmente opuestos a lo que se pretendió(75).

En el caso de La Ligua, por ejemplo, la "ciudad" aparece dividida en dos: en la Plaza o Asiento Antiguo, la Iglesia con la administración local y los primeros pobladóres, a la vez campesinos y comerciantes, elementos incapaces por sí solos de crear una vida urbana activa y dinámica a mediados del siglo XVIII. En la Placilla o Asiento Nuevo, un comercio dinámico vinculado a una fuente probadamente generadora de actividad como la minería, aunque tampoco, al menos por sí sola, capaz de animar la vida urbana. Se necesitaba la unión de todos estos elementos y la autoridad central así lo comprendió. Si finalmente ello no fue hosible son otras las razones que lo explican.

El proceso de poblamiento que impulsara el gobierno central en todo el Reino puso especial hincapié en la necesidad de poblar y repoblar los asientos mineros de todo el Norte Chico y, por supuesto, también en La Ligua. Sin embargo, la materialización de lo dispuesto en los documentos oficiales llevó mucho tiempo. Se necesitó contar con la aprobación real desde España y con resoluciones, previo estudio, de la Junta de Poblaciones, organismo creado en Chile para estos efectos. Hasta fue necesario esperar al nuevo gobernador del Reino, Domingo Ortiz de Rosas, quien reemplazó en 1744 a Manso de Velasco.

Finalmente, en 1754, se dispuso la fundación formal de la villa de La Ligua(76), ordenándose que en su organización se tomaran las precauciones necesarias para evitar los males que la experiencia determinaba en las concentraciones mineras y recalcando la importancia que tenía la minería en la política fiscal(77).

Sin embargo, al menos en lo que tocaba a La Ligua, el auge minero de los comienzos del siglo XVIII había entrado en franca decadencia paralizando el traslado de los pobladores desde el Asiento Viejo el nuevo creado en las cercanías de los minerales.

Se llegó al momento de la fundación oficial por parte del Gobierno central, demasiado tarde, y la política poblacional que se bosquejó válida anivel de todo el Reino se topó en La Ligua con una situación excepcional: dos aldeas distantes ocho kilómetros una de otra pero formando parte de una sola unidad, que solamente en conjunto -como lo comprendió muy bien la Corona- podían generar un desarrollo urbano real. Era necesario juntar el relativo núcleo mer antil, todavía vinculado a la minería de la Placilla, y la administración civil y eclesiástica del Asiento Viejo o Plaza de La Ligua.

Esta situación de excepción se hizo más evidente al momento de decidir el lugar al que debía otorgarse el Reconocimiento oficial de "ciudad" pues, de acuerdo al sistema con que se actuaba en esos casos, eran los propios "vecinos" quienes debían determinarlo. En el mes de febrero de 1754 el Corregidor convocó a los "vecinos" más importantes del partido de La Ligua para tomar una resolución y obviamente no se obtuvo ningún acuerdo dada la alta incidencia que tenía en los intereses de cada uno de ellos la selección de uno u otro lugar.

Los vecinos convocados fueron 19, que procedían de los siguientes lugares: Asiento Viejo o Plaza de La Ligua, 5; Asiento Nuevo o Placilla, 14(78).

Entre cinco lugares posibles que seleccionó el Corregidor, los "vecinos" se inclinaron mayoritariamente por el denominado Salinas de Longotoma(79) pero no unánimemente como se pretendía. El lugar ofrecía la ventaja de estar en lar inmediaciones de la desembocadura del río La Ligua y en un paraje inmediato a la costa; además era una planicie extensa aunque muy abierta y expuesta, en consecuencia, a los vientos costeros como lo testimonian las dunas arenosas que lo ocupan hoy en día. Por otra parte, era sumamente difícil y costoso dotar de agua a una población establecida en esa zona, como también de maderas para la edificación a causa de la ausencia de vegetación arbórea en las cercanías. No es extraño entonces que el informe de la comisión que se nominara expresamente para reconocer este terreno fuese contrario a su elección(80).

Vueltos a reunir los "vecinos" principales, optaron ahora por la Placilla, argumentando que era el sitio más cercano a la ruta del norte del Reino y a la vez el más próximo de los minerales que aún se explotaban; además reconocían que su población era más numerosa y que el sitio no ofrecía dificultades para dotarlo de las tan necesarias aguas. Paradojalmente, sin embargo, sostenían que su población era más "importante" (o sea, de recursos económicos más holgados) para elegir entre ellos a las autoridades civiles, pero a la vez se hacía notar que sus pobladores eran "muy pobres, por lo que se hace dificultoso puedan mudar sus ranchos a otra parte"(81).

Croquis de La Ligua dibujado por Bañados en 1754. Mapoteca. Archivo Nacional C.G. Vol. 676. F. 35.

La decisión se alcanzó no sin la oposición de un grupo que proponía la Plaza o Asiento Antiguo, fundados en el hecho de que allí se encontraba la parroquia. Además, aducían que había suficientes terrenos vacíos en sus cercanías para que se instalaran nuevos pobladores. Frente al argumento de las labores mineras su objeción hacía notar que constituía una actividad muy frágil, otrora significativa, pero devenida escasamente importante en esos años. Por lo tanto, concluían, no se justificaba la proximidad de la ciudad a sus labores.

Todos los que impulsaban la elección de la Placilla como sitio definitivo para la fundación de la ciudad estaban vinculados a las actividades mineras, mientras que sus detractores eran pequeños o medianos hacendados con intereses comerciales en el Asiento Viejo(82). Finalmente, y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre los dos sitios propuestos, se optó por un tercero, equidistante de los dos anteriores, ubicado al interior de la hacienda "Valle Hermoso"(83). Así se alcanzó la unanimidad deseada y parecía ponerse fin a la disputa que había paralizado la fundación de la ciudad.

Obtenida pues la unanimidad, la autoridad pudo iniciar la "Matrícula" de los vecinos existentes en la jurisdicción y proceder al "repartimiento" de los solares en la forma prescrita por el Gobierno Central(84). Transcurrieron 18 meses en los preparativos de la fundación, pero lo más importante, la ocupación definitiva de los terrenos y el establecimiento en ellos no se había siquiera iniciado a pesar del reconocimiento y medición del terreno, del trazado de calles y cuadras, de la autorización concedida a los futuros pobladores para cortar en los bosques vecinos las maderas que les fueran necesarias e incluso, de la elección del Santo Patrono bajo cuya advocación sería puesta la nueva ciudad. En el papel, la ciudad estaba fundada y su vida urbana organizada; el radio total alcanzaba a 300 varas de ancho por 500 varas de largo, o sea, 10.425 m2. El plano contemplaba tres calles de este a oeste y cinco de norte a sur, con 15 cuadras de 75 metros de largo y 8 metros de ancho cada una. En el mismo plano, se le asignaron terrenos a 44 familias además de los reservados al municipio, cárcel e iglesia. Los terrenos principales, o sea los sitios inmediatos a la plaza, fueron concedidos a los vecinos de mayor patrimonio económico -todos ellos antiguos residentes del Asiento Viejo-, lo que nos hace pensar que su influencia sobre los encargados de la administración fue determinante para hacerlos aceptar, meses antes, la elección de un nuevo lugar. Con todo, seguía faltando lo más importante: los pobladores.

El lugar fue cuestionado una vez más por los residentes de la Placilla, quienes decidieron no pedir ni aceptar "solares" en el nuevo sitio, solicitando se reconsiderara a su población como la más apta para la fundación de la nueva ciudad.

Por otra parte, los propietarios de la hacienda al interior de la cual se encontraba el terreno seleccionado para la nueva fundación, reclamaron también por los perjuicios que les acarreaba esto en algunas instalaciones mineras y muy especialmente por el uso indiscriminado que se haría del agua que ya era de por sí escasa. Sostenían, además, que el sitio en que se había levantado la población llamada Asiento Viejo, había sido también donado por ellos unos años antes; como se temía que aquella no desaparecería, se verían a fin de cuentas doblemente perjudicados. Finalmente, los propios residentes del Asiento Viejo -y muy especialmente el cura párroco- decidieron desconocer lo obrado y solicitaron se reconsiderara el sitio elegido.

Las presiones de los hacendados de Valle Hermoso y de los comerciantes-mineros de la Placilla llevaron al Gobernador del Reino a revocar el decreto anterior, que disponía levantar la ciudad en los terrenos ya medidos y repartidos, emitiendo otro en que se ordenaba la construcción de la ciudad en el sitio que ocupaba el Asiento Nuevo o Placilla.

Esta vez fueron los propietarios de la hacienda de Pullally quienes se sintieron perjudicados, reclamando de la determinación gubernamental ante la Real Audiencia. Un informe del Fiscal de este Tribunal resumió certeramente los rasgos semigrotescos en que había derivado la fundación de la ciudad: "En este negocio desde el principio se ha procedido con tan extraordinaria variedad que en este tiempo de cerca de dos años que se ha estado entendiendo en él no se ha podido hasta ahora hacer pie fijo en cosa alguna ni se encontrará resolución acabada y de substancia en sesenta y siete fojas de que ya se compone el proceso reducido todo a sucesivas contradicciones sobre la elección, ya de éste, ya de aquél terreno. Estas diferencias nacen del errado concepto con que proceden los comisionados y congregados en las juntas tratando en ellas de decir cuál sea el paraje absolutamente mejor para fundar nueva población en que interviene gran equívoco porque este concepto fue bueno en tiempos de la conquista y cuando las tierras estaban vacantes o en suposición que todas las propuestas lo fuesen: pero estando ocupadas por legítimos dueños sólo se debe buscar el paraje más acomodado y que con menor perjuicio puede sufrir una población, particularmente en las que se han mandado hacer desde Quillota hasta Copiapó" (85).

En resumen, la política que se había bosquejado eficientemente para llevar a cabo un vasto plan de asentamiento urbano en todo el Reino de Chile, demostraba no ser operante en La Ligua. Tampoco lo fue la posibilidad concedida a los propios pobladores para autogenerar una organización urbana ya que terminaron siendo víctimas del juego de pequeños intereses locales o del poder ejercido por los hacendados en el Gobierno central, especialmente sobre la voluntad del Gobernador. En consecuencia, todo quedó en nada y las dos aldeas continuaron su vida estancada por otros treinta años. De la fundación de la ciudad sólo subsistirá un terreno despoblado (que más tarde se llamará "el Rayado", por las demarcaciones de la traza urbana que alcanzó a realizarse en él), como mudo testimonio del primer intento de aunar las fuerzas de dos aldeas para hacer de ellas una ciudad.