Introducción

El 3 de enero de 1837 un grupo de jefes y oficiales del ejército chileno se rebeló contra el gobierno en la ciudad de Quillota. Se oponían a formar parte de la expedición que debía viajar a Perú para destruir la Confederación Perú-Boliviana, creada recientemente por el general Andrés de Santa Cruz. De acuerdo con el acta de los sublevados, no se justificaba una guerra cuando todavía existían “medios incruentos de transacción” y, según el ministro Diego Portales, menos aun cuando esta campaña surgía de la voluntad de un solo hombre, quien, a juicio de los rebeldes, “no ha consultado otros intereses que los que halagan sus fines particulares y su ambición sin límites”.¹

Aunque el motín de Quillota terminó por ser un fracaso para los revolucionarios, con sus líderes fusilados y el gobierno fortalecido, el argumento de los conspiradores de que el enfrentamiento tenía otros fines diferentes a los nacionales, más bien políticos y comerciales, merecía un análisis más profundo para entrever las verdaderas causas detrás de la guerra. Sin embargo, el asesinato del ministro a manos de los rebeldes desacreditó su postura, lo que, sumado a la victoria del Ejército Restaurador en tierras peruanas y las celebraciones oficiales llevadas a cabo a lo largo de todo el país, aplacaron las críticas.

De esta forma se consolidó la voz oficial y se postergó la discusión en torno a las verdaderas causas del conflicto. Se dejó de lado que detrás de la campaña existían razones políticas: consolidar el régimen conservador, y económicas: mantener la hegemonía de Valparaíso sobre Callao y la relación comercial entre Chile y Perú.

El objetivo de este trabajo, sin negar razones políticas o de estrategias nacionalistas y republicanas de la época, es reiterar que a lo menos los problemas del comercio que acumulaban entre ambos países fueron también factores detonantes del enfrentamiento. A modo de hipótesis, establecemos que, detrás de las causas oficiales que justificaron la declaración de guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana, estaba igualmente el interés de la oligarquía terrateniente por mantener el mercado peruano como principal punto de destino del trigo chileno. Aun cuando las estadísticas oficiales del comercio chileno surgieron a partir de 1844, las cifras que se obtienen para la década de 1830, en la valorización de las exportaciones del cereal hacia Perú, no se contradicen con lo que sucedió en la década siguiente, y menos aún con los registros oficiales de 1844 en adelante. Tanto unas como otras demuestran fehacientemente el valor o significado del mercado peruano para los productores chilenos.

Así, el proyecto reformador del Estado conservador, liderado por Joaquín Prieto y Diego Portales, coincidió con el desarrollo del comercio del trigo, como lo sugiere el impulso de la Sociedad Nacional de Agricultura en paralelo a la expedición restauradora.

Las causas de la guerra según la historiografía

A los pocos años de concluida la guerra, en uno de los primeros textos dedicados al conflicto, ^{José Miguel de la Barra (1851, p. 4)} aseguraba que la destrucción de la Confederación había sido necesidad imprescindible para la conservación de Chile y la defensa de sus propios derechos como los de los Estados hermanos, lo que reproducía el discurso oficialista de la prensa de la época.

El debate historiográfico sobre la guerra se inauguró cuando Benjamín Vicuña Mackenna (El Ferrocarril, 26 de diciembre de 1878) comentó la obra del historiador Gonzalo Bulnes dedicada al conflicto. Bulnes era hijo del general que triunfó en la guerra contra la Confederación, y que luego fue presidente de Chile entre 1841 y 1851. En su trabajo, ^{Gonzalo Bulnes (1876)}, siguiendo la argumentación de Portales, justificaba la obra del padre y la necesidad de emprender una guerra. Vicuña Mackenna, en respuesta a esta obra, abrió el debate sobre si la causa de la guerra habría sido comercial o no.

^{Gonzalo Bulnes (1876)} realizó una completa cronología de las circunstancias políticas que permitieron a Andrés de Santa Cruz lograr el control de Perú, aprovechando las disputas caudillistas entre Luis José Orbegoso, Felipe Salaverry y Agustín Gamarra. Con ello destacaba la compleja relación entre ambos países: “El trigo chileno pagaba una fuerte contribución en las aduanas peruanas; i el azúcar del Perú estaba recargada en Chile con pesadas gabelas […]. La fanega de trigo chileno pagaba 3 pesos de introducción en las aduanas del Callao, lo que añadido a los gastos de transporte, desembarco, almacenaje, etc. sobrepasaban el valor de la mercadería” (^{Bulnes, 1876, pp. 199-200}).

Las relaciones comerciales, que parecían haberse conciliado con la redacción de un tratado firmado el 20 de enero de 1835, se volvieron a complicar luego de las luchas políticas en que se vio envuelto Perú entre 1835 y 1836. Orbegoso, apoyado por Santa Cruz, desconoció el acuerdo. Según ^{Bulnes (1876)}, su actuar se explicaba porque “viéndose vencedor y seguro, creyó inútil seguir guardando las apariencias de una falsa amistad y prefirió tomar actitud francamente hostil contra Chile, anulando el tratado” (p. 213). Por su parte, en Chile, Portales fue quien comprendió, a juicio del mismo Bulnes, la gravedad de la situación creada y consideró que ni la Confederación ni Santa Cruz eran garantía de paz.

Por el contrario, Benjamín Vicuña Mackenna, por medio de sus columnas en el diario El Ferrocarril (26 de diciembre de 1878), aseguraba que la causa de la guerra fue “siempre originaria i exclusivamente mercantil” y en referencia a Portales, que esta sólo fue la consecuencia del “capricho obstinado y ciego de un arrogante dictador”, con lo que asumía la postura de los revolucionarios de Quillota.

^{Bulnes (1878a)} confrontaba la tesis mercantil de la guerra, y, por lo demás, agregaba que, si hubiese sido así, tampoco habría tenido nada de malo. De acuerdo con ^{Bulnes (1878b)}, el camino más fácil para acabar con la competencia de Callao era favorecer la anarquía en estos países según la siguiente lógica: “Si el Gobierno de Chile hubiese querido arrebatar su importancia a la aduana de Arica para monopolizar en Valparaíso el comercio del Pacífico, habría tratado de envolver al Perú en la anarquía, para que disminuyendo su comercio, disminuyese proporcionalmente la importación de sus aduanas” (p. 20).

Las opiniones de Bulnes fueron compartidas por autores del periodo, como aconteció con ^{Sotomayor (1896)}. El proyecto de Santa Cruz arriesgaba la esencia de Chile como nación y en esta campaña estaba además comprometida su paz interior, su buen concepto como Estado soberano entre las potencias extranjeras y la subsistencia del orden político derivado de las revoluciones de 1829 y 1830. En definitiva, ^{Sotomayor (1896, p. 12)} aseveraba que existían razones de sobra para derribar a la Confederación y no se trataba sólo de “defender los intereses mercantiles de Chile positivamente lastimados por la política del Protector”.

^{Diego Barros (2003, p. 76)} fue uno de los pocos que, aunque no se detuvo mayormente en el análisis de la guerra, validó la idea de que la situación comercial entre Chile y Perú se volvió crítica una vez que se constituyó la Confederación y con ella se generó el escenario propicio para el rompimiento de relaciones.

En esa perspectiva, ^{Hernán Ramírez (1961, p. 133)}, al analizar la documentación diplomática inglesa, puntualizó los significados de la competencia comercial entre ambos países y cómo en Gran Bretaña, antes del conflicto, se estimaba que la Confederación Perú-Boliviana ofrecía grandes expectativas para los buenos negocios.

Décadas más tarde, transcurrida la Guerra del Pacífico, fue este conflicto el que se transformó en el principal foco de las preocupaciones de los historiadores chilenos del siglo xx y, consecuentemente, la guerra contra la Confederación quedó relegada a ser una parte más de obras generales y manuales escolares.² Se generó un escenario propicio para la creación de mitos y simplificaciones que complicaron la opción de seguir profundizando sobre sus verdaderas causas. De entre estos cultores, quizá el de más influencia en el ámbito popular fue Francisco Antonio Encina, quien consolidó la idea de que la guerra se había justificado por el interés de la Confederación de someter a Chile y a Ecuador, al tiempo que se restituía el imperio incaico del que Santa Cruz se sentía heredero. Debemos señalar, por lo demás, que este proyecto no aparece documentado.

En todo caso, a fines del siglo xx, la guerra que nos ocupa volvió a ser considerada como parte del análisis general de los gobiernos conservadores. En un estudio crítico, ^{Jorge Núñez (1987, p. 178)} puso en entredicho la visión tradicional sobre el periodo 1830-1840 y presentó la guerra como una decisión tomada exclusivamente por el núcleo portaliano-ultraconservador a raíz de la conjugación de dos factores críticos: la crisis política y la amenaza inminente de cierre del mercado peruano, principal fuente de los recursos de la aristocracia del propio Estado.

En aquellas investigaciones que se refieren a aspectos económicos no hay mayor atención a lo planteado por Núñez. Gonzalo Izquierdo ^{(1990, p. 136)}, a inicios de los noventa, consideraba el deterioro de las relaciones económicas entre Perú y Chile como un factor esencial en la guerra. En cambio, ^{Sergio Villalobos (2004, p. 31)} asegura que mientras la pugna fue comercial, Portales no pensó realmente en una guerra y que esta no se hizo necesaria hasta los oscuros manejos de Santa Cruz y su amenaza. ^{Gabriel Salazar (2005, p. 14)}, en cambio, comprende este enfrentamiento como un medio para justificar el orden interno y su consolidación a futuro.

En un estudio más reciente (^{Serrano, 2013, p. 18}), en relación con los nexos e intereses comerciales entre Andrés de Santa Cruz y Diego Portales, tanto como con la participación del puerto de Valparaíso en este enfrentamiento, se ha establecido como principal causa de la guerra el rechazo de la Confederación al tratado de libre comercio firmado entre Chile y Perú en 1835. Esta medida desató una competencia directa entre los puertos de Valparaíso, Callao y Arica, lo que amenazaba los circuitos comerciales que se consolidaron durante esa década y que tenían a Valparaíso como el puerto principal.

Por último, en lo que respecta a la historia de la agricultura en Chile, esta se inició con la obra de Claudio Gay de 1862 (²⁰⁰⁹). Posteriormente, la elaboración historiográfica ha puesto énfasis a partir de la segunda mitad del siglo xix, cuando se empezó a llevar a cabo una estadística por parte del Estado. Destacan sobre este tema los trabajos de ^{Schneider (1904)}, ^{Gandarillas (1932)}, ^{Keller (1933)}, ^{Correa (1938)}, ^{Sepúlveda (1959)}, ^{Ramos (1967)} y ^{David (1993)}. En un ámbito más específico, ^{Gonzalo Izquierdo (1968)} investigó los fundamentos teóricos que dieron vida a la Sociedad de Agricultura en el siglo xix.

La importancia del trigo en las relaciones chileno-peruanas

Durante la época del periodo colonial, el intercambio comercial entre el virreinato de Perú y la capitanía general de Chile se basó principalmente, ya desde 1680 en adelante, en el envío de azúcar desde Perú a Chile, y de trigo desde Chile a Perú.³ Por cierto, dicho tráfico no estuvo del todo exento de dificultades y motivó un malestar secular de parte de los agricultores chilenos ante los productores y navieros peruanos. En suma, las dependencias del sector agro-mercantil chileno, bien documentadas por ^{Demetrio Ramos (1967)}, produjeron desde mediados del siglo xviii frustradas posibilidades para la elite comercial santiaguina, que no pudo alcanzar una situación de mayor equilibrio económico y jurídico respecto a su similar limeño. Según ^{Cavieres (1996}, ²⁰⁰³⁾, el contexto político-administrativo existente siempre frenó sus aspiraciones para desarrollar mercados internos y externos de mayores alcances y ello, indudablemente, tuvo un peso especial en las nuevas aspiraciones locales al momento de alcanzar la independencia.

A partir de los datos recogidos por ^{Vicuña (1856, pp. 30-32)}, desde El Mercurio Peruano es posible dimensionar la estrecha relación entre el intercambio de azúcar y trigo entre Perú y Chile al que hacía referencia Gay. En ambos países, era el principal producto de exportación e importación, y la balanza era favorable a Chile. De acuerdo con este periódico, Chile importaba 77 272 arrobas de azúcar, con Valparaíso como el principal puerto de llegada (véase cuadro 1).

Respecto a las exportaciones de trigo de Chile a Perú, estas se restringían a los puertos de Valparaíso y Concepción, mientras que Coquimbo se centraba en la exportación de otros productos, como el cobre, el vino, el sebo y el congrio (véase cuadro 2).

Sólo el trigo exportado desde el puerto de revela una balanza favorable a Chile en este intercambio, como también ocurría con el resto de los productos (véase cuadro 3).

El movimiento comercial Chile-Perú (Valparaíso-Callao) era más bien un sistema económico precario. El mercado consumidor de casi todo lo que Chile producía sólo se abría a intervalos y en varios años estuvo completamente cerrado (^{Correa, 1938, p. 64}). Por su parte, el comercio peruano, como lo define ^{William Mathew (2009, p. 49}), se encontraba en un estado retrasado y poco prometedor, representaba una pequeña parte de la actividad económica y el grueso de este era de mera subsistencia.

El panorama económico varió una vez consolidada la independencia. En el caso de Chile, a fines de la década de 1820 la derrota de los liberales a manos de la oligarquía conservadora compuesta principalmente por criollos terratenientes (^{Cariola y Sunkel, 1990, p. 24}) generó un cambio en la política económica enfocada a favorecer la producción agrícola.⁴ El Estado que los conservadores querían refundar necesitaba para su consecución una base económica sólida. Antes del ciclo de expansión de las actividades mineras en el norte, la apuesta era intensificar la presencia en el mercado peruano, lo que requería volver a consolidar las relaciones con Perú, afectadas a raíz del lento proceso de emancipación que se llevó a cabo en ese país.

Ante las nuevas realidades, los gobiernos se vieron en la necesidad de formalizar esta relación mediante un acuerdo de carácter comercial, por el que ambas naciones se beneficiaran. No obstante, lo que se considera favorable para uno no siempre lo era para el otro. Diego Portales expresa la relevancia del acuerdo: “Si lo consigue, será colocado en el mejor altar de la ciudad, en caso contrario, los guasos lo recibirán con piedras en las manos.”⁵

Pese a la advertencia, la misión, como otras anteriores, fracasó principalmente porque el escenario político peruano presentaba una realidad bastante más compleja que la de Chile. Estaba, por un lado, la postura de los extranjeros que presionaban por liberalizar el comercio y, por otro, la de los nacionalistas que luchaban para que se protegiera la industria local (^{Bonilla, 1991, p. 208}). A esto se sumaba la oposición de los hacendados del norte ante la abolición de la esclavitud (^{Villanueva, 1963, p. 11}) y los intereses particulares de otros caudillos, como por ejemplo Agustín Gamarra. Su esposa, Francisca Zubiaga, más conocida como La Mariscala (^{Sobrevilla, 2011, p. 128}), participaba directamente en el monopolio de la harina (^{Basadre, 1963, p. 308}).

^{Gustavo Monrroy (2013)}, en una de las publicaciones más recientes que se han escrito en Perú acerca de la Confederación, analiza los diversos intereses regionales y comerciales que existieron para este periodo en su país. Monroy asegura que si bien las elites proteccionistas defendieron los intereses locales y regionales, estos no abarcaban la totalidad del territorio ni el conjunto de las clases sociales: “la sociedad estaba fragmentada y no existía una economía nacional congregada en base a un proyecto articulador; la realidad mostraba el predominio de espacios regionales, cada uno con una dinámica propia” (p. 17).

En medio de esta lucha de intereses, Orbegoso permitió el ingreso de harinas extranjeras, lo que provocó la preocupación de los productores de trigo chilenos que estaban en desventaja frente a las harinas de otros países como, por ejemplo, Estados Unidos. A ello se sumó otro decreto aún más complejo que estrechaba los plazos para el pago de los derechos de internación (^{Sotomayor, 1875, p. 405}).

La revisión del epistolario de Portales durante este periodo evidencia cómo el trigo se transformó en una de sus preocupaciones fundamentales, no sólo en su calidad de ministro, sino también como comerciante. Portales especuló con la producción, los precios y los lugares de venta para sacar el mayor provecho. Es común ver en sus cartas, menciones y consultas, especialmente a su amigo Antonio Garfias, relacionadas con las cosechas, el mercado y el transporte de trigo y harina (^{Fariña, 2007}). En sintonía con estas preocupaciones, el gobierno impulsó durante esta época el llamado derecho de escala, que tenía como fin proteger la producción nacional de este cereal y, además, a los consumidores nacionales de acuerdo con el siguiente cálculo:

Doce reales ($1,50) por cada 150 libras de trigo extranjero, cuando el chileno no excediese el valor de cuatro pesos; cuando éste valiese de cuatro a cinco pesos, aquel pagaría el derecho de un peso; cuando el precio del trigo nacional fuese de cinco a seis pesos, el derecho de importación se reduciría a cuatro reales, y sería libre la internación del trigo extranjero, cuando el precio del nacional pasase a seis pesos. Un derecho análogo se estableció sobre la importación de la harina. (^{Sotomayor, 1875, p. 221}).

La relación comercial se hizo crítica cuando Perú declaró el Callao como puerto de depósito, acción que fue seguida por una legislación que puso el trigo y la harina de Chile en desventaja en el mercado peruano (^{Parkerson, 1984, p. 162}). Específicamente, lo que hizo el gobierno peruano fue decretar, el 19 de junio de 1832, que el trigo desembarcado en Callao debía ser medido y despachado de inmediato, lo que era imposible poner en práctica y que se explica, según ^{Izquierdo (1990, p. 136)}, como una medida destinada a entorpecer el comercio con Chile.

En respuesta a estas acciones, el gobierno de Prieto impuso un derecho específico de tres pesos en arroba a los azúcares y chancacas peruanas. La reacción peruana fue otro decreto que fijó que el derecho aduanero de tres pesos sobre los trigos chilenos debía ser pagado íntegramente en dinero, y prohibió el pago en papeles. La guerra de los impuestos, como se bautizó más tarde, estaba desatada.

En este contexto, José Mariano Escobedo, un emisario peruano, advirtió al presidente Orbegoso de Perú sobre el buen momento que vivían en 1834 los productores chilenos, pero a la vez sobre su falta de visión: “Una demanda extraordinaria de trigo para Buenos Aires y una cosecha poco abundante no les permite, por ahora, a los productores el alarmarse con el amago de excluirnos del mercado. Parece que los productores territoriales, satisfechos con el hecho de no tener grandes existencias, no calculan sobre lo futuro.”⁶

Hacia 1835, según cálculos de ^{Parkerson (1984, p. 161)}, las exportaciones de trigo y harina de Chile a Perú totalizaban 405 124 pesos por año, lo que equivalía 76% del valor de su comercio con Perú (529 761 pesos). Las exportaciones chilenas, en tanto, eran compensadas con productos peruanos, principalmente azúcar y tabaco, que para ese mismo año totalizaron 351 423 pesos.⁷

Los productores de azúcar en Perú y de trigo en Chile, frente a una situación que nada los favorecía, presionaron por la elaboración de un acuerdo que pusiera fin a las disputas comerciales. El 20 de enero de 1835 los representantes de ambos gobiernos firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre las Repúblicas de Chile y del Perú que establecía, entre sus múltiples artículos, que los productos naturales o manufacturados de cualquiera de las repúblicas contratantes conducidos en los buques chilenos o peruanos sólo pagarían en las aduanas de la otra la mitad de los derechos de internación con que se hallaran gravadas, o en adelante se gravarían las mismas o equivalentes mercaderías de la nación más favorecida, conducidas en buques que no lograran privilegio por razón de bandera (El Araucano, 30 de julio de 1835).

En términos económicos, el convenio favorecía a aquellos círculos peruanos que pensaban que la prohibición simultánea de los bienes estadunidenses y la reanudación del comercio con Chile devolverían a Perú la gloria perdida (^{Gootenberg, 1997, p. 85}).

Desde la perspectiva chilena, el tratado se circunscribía a lo que ^{Mario Barros (1970, p. 109)} define como un proyecto de mercado común latinoamericano y que se había gestado en el ideario de Portales. Parte de este fue expresado por el ministro Joaquín Tocornal (1835): “Hemos creído conveniente y necesario modificar esta regla general, reservándonos en los tratados de comercio la facultad de conceder favores especiales a las repúblicas hermanas y aplicando con más liberalidad esta excepción a aquellas que por su vecindad y por la naturaleza de sus productos parecían destinadas a formar con nosotros una confederación más estrecha” (Memoria, en ^{Barros, 1970, p. 109}).

El tratado, que debía ser obligatorio durante seis años, fue ratificado por el Congreso chileno en febrero de 1835 y enviado a Perú. Sin embargo, mientras se abrían nuevas esperanzas respecto al futuro de las relaciones entre ambos países, en Lima se había desatado otra de las tantas revueltas políticas de este periodo. Orbegoso logró consolidarse en el poder gracias al apoyo brindado por el general boliviano Santa Cruz, una de cuyas primeras medidas fue fijar un plazo de cuatro meses para ratificar o anular el tratado que se había firmado con Chile.

Según ^{Mario Barros (1970)}, una de las causas de las reticencias del mandatario peruano al pacto se justificaba, por una parte, “porque había sido impuesto por los grandes terratenientes azucareros peruanos, y por otra porque Orbegoso consideraba que el acuerdo daba demasiadas franquicias a Chile” (pp. 115 y 116). ^{Gootenberg (1997, p. 84)} coincide en que el tratado favorecía esencialmente a los hacendados del norte, que vieron en los mercados chilenos su salvación económica. En la vereda del frente, se encontraban quienes, contrarios al Tratado de 1835, se resultaban favorecidos por la política económica de Santa Cruz.⁸

Mientras esto sucedía, las noticias que llegaban a Chile provenientes de Lima eran poco alentadoras sobre el abuso cometido contra algunos chilenos, entre los que se encontraba uno a quien le habían prohibido la conducción de 3 000 fanegas de trigo que tenía resguardadas en el muelle (El Araucano, 5 de febrero de 1836).

El 16 de mayo de 1836, Orbegoso declaró en forma oficial que el tratado de libre comercio entre su país y Chile quedaba sin efecto. La postura del gobierno peruano se ajustaba a la política liberal de Santa Cruz y de sus asesores, entre los que el colombiano Juan García del Río era uno de los más importantes. La apuesta del mariscal fue favorecer el comercio directo entre Europa y Perú, para lo cual declaró puertos libres a Arica, Cobija, Callao y Paita, reglamentó las aduanas y fijó derechos adicionales para todos aquellos efectos y frutos que hubiesen tocado otros puertos del océano Pacífico antes de llegar a puertos peruanos (^{Basadre, 1948, pp. 167-168}).

El periódico oficialista del gobierno de Chile, El Araucano, desdramatizó la medida al asumir que esta no alteraría mayormente las desgastadas relaciones comerciales entre ambos países:

¿Qué beneficio ha reportado con él nuestra agricultura y comercio, que pueda compararse con el que ha recibido la agricultura del departamento de Lima? Los azúcares peruanos han disfrutado completamente la rebaja de derecho en los puertos chilenos, mientras que nuestro comercio de granos ha estado sujeto en el Callao a providencias arbitrarias que han hecho enteramente ilusorias con respecto a ellos, las estipulaciones del tratado […] Creemos que por parte de Chile no habrá dificultad en suscribir a esta medida, y que lejos de reclamar contra ella, debemos más bien felicitarnos de ver disueltas una obligaciones que, según todas las apariencias, iban a pesar exclusivamente sobre el pueblo chileno (El Araucano, 26 de febrero de 1836).

En un análisis publicado en El Telégrafo (25 de mayo de 1836), el nuevo ministro de Hacienda de Orbegoso, Juan García del Río, dejaba en claro cuál era la visión que tenía el gobierno peruano sobre el lugar que debía ocupar Callao respecto a Valparaíso. Así, cualquier acuerdo de igualdad y reciprocidad con Chile terminaba por ser perjudicial a Perú en lo relativo, por ejemplo, al intercambio de azúcar y trigo:

La azúcar que se lleva del Perú a Chile, por más que recen lo contrario cálculos apasionados, no pasan de 100 mil arrobas en término medio al año, esto es, no llega a una cuarta parte de la cantidad que allí se consume de este artículo; y así por esta circunstancia de 2 ½ reales en el derecho que paga respecto de la azúcar extranjera de su clase, no puede obtener el monopolio; en tanto que Chile, que está en posesión de surtir las dos terceras partes del trigo o harina que se consume en el Perú, excluirá virtualmente de este mercado, a favor de los privilegios del tratado, las harinas de los Estados Unidos de América y asegurará para sí, la importación exclusiva de trigos del Perú (El Telégrafo, 25 de mayo de 1836).

Días después de expedirse el decreto supremo que invalidaba el tratado, una comisión del Tribunal del Consulado de Lima se presentó en el Ministerio de Hacienda de ese país y solicitó que se reconsiderara la medida por la relevancia de este intercambio, la cantidad de trabajadores que estaban comprometidos en la producción de azúcar y los capitales que “forman una gran parte de nuestra sociedad y riqueza” (El Telégrafo, 30 de mayo de 1836).

Otro miembro de la sociedad limeña, José Tiburcio Roldán, iba más allá en sus críticas. De acuerdo con su análisis, el tratado beneficiaba a Perú considerando una balanza comercial favorable, y las razones del fracaso se explicaban por el interés de algunos comerciantes de obtener una comisión por la importación de harinas extranjeras y el provecho de los buques extranjeros sobre “la comisión de venta que deben cobrar al remitente, y otros por el provecho que buques extranjeros obtendrán con perjuicio de los nuestros” (El Araucano, 24 de junio de 1836). Según su cálculo, mientras Chile recibía anualmente 754 700 pesos en frutos peruanos, Perú obtenía sólo 235 840 pesos. Es decir, existía una diferencia de 518 860 pesos en favor de Perú.

El Redactor Peruano confrontó las cifras expuestas por Roldán y utilizó como fuente la información proporcionada por “empleados, negociantes y hacendados respetables e inteligentes”,⁹ que mostraban una clara diferencia entre los cálculos de uno y de otro, pues la exportación de Perú a Chile equivalía a 289 717 pesos y las importaciones de Chile a Perú equivalían a 275 155 pesos; esto da un saldo a favor de Perú por 14 562 pesos.

La diferencia de los valores se explicaba, según El Redactor, a que Roldán había calculado la producción potencial y no el real de la cantidad de azúcares que podían producir las haciendas de Perú con destino a Chile. El presupuesto, además, se había hecho sin tomar en consideración el mal estado en que estas habían quedado luego de las guerras internas y externas.¹⁰

Si uno compara a grandes rasgos los datos reproducidos de El Mercurio Peruano de 1793, los de Parkerson de 1835 y estos, las cifras de Roldán aparecen como exageradas, tal como reclamaba El Redactor.

Frente a esta disputa, El Mercurio publicó su rechazo al acuerdo en una nota editorial cuya extensión era atípica para la época, lo que confirma la relevancia que tenía dicho acuerdo para el comercio. Después de un detallado análisis la editorial señala:

Concluiremos el examen de la Memoria diciendo que sería necesario probar que son más útiles para el Perú las importaciones que produjeron un 25 por 100 de beneficio al especulador sobre Inglaterra, con perjuicio de los cultivadores que no cubrieron indudablemente los costos de producción, que los beneficios que estos últimos podrían obtener en el mercado de Chile, para poder aconsejar razonablemente la preferencia que debe darse al mercado de Inglaterra sobre el de Chile para la exportación de la azúcar de Perú (El Mercurio de Valparaíso, 4 de julio de 1836).

La anulación del acuerdo por parte de Perú significó un retroceso en las condiciones anteriores a 1835. Se estableció que los trigos de Chile pagaran un derecho de introducción de dos pesos por fanega y las harinas de cinco pesos, tres y dos tercios reales por saco. Se mandó por el mismo decreto que los importadores de aquellos dos artículos, además, rindiesen fianza, y se obligó al pago doble en el caso de que se aumentaran los impuestos al azúcar peruano en Chile (^{Sotomayor, 1876, p. 97}).

Este enfrentamiento demuestra en la práctica lo que ^{Gootenberg (1997, p. 63)} ha descrito, en términos generales, como el abismo que se abría entre el desarrollo de una economía de exportación plenamente internacional, basada en vínculos directos con el comercio que se expandía en el Atlántico y los modelos provincianos de comercio a lo largo del Pacífico.

El terremoto de 1835 y la declaración de guerra

La formación de una Confederación Perú-Boliviana al mando del mariscal Santa Cruz, la subordinación de Luis Orbegoso a esta nueva entidad política y el rechazo al tratado de 1835 configuraron en Chile un clima prebélico. El gobierno, incitado por el espíritu beligerante del ministro Portales, inició en 1836 la compra de buques y armas, además de la preparación de una guardia cívica (^{Serrano, 2013, pp. 169-185}). Sólo faltaba un hecho que justificase, frente a la opinión pública, una declaración de guerra contra la Confederación. Se trataba de transformar una causa particular, los problemas generados por la política de Santa Cruz de rechazar el Tratado de 1835 y el inicio de una competencia portuaria contra Valparaíso, en una causa nacional.

La ocasión llegó a mediados de 1836 cuando el general Ramón Freire, uno de los héroes de la independencia, aunque relegado político por su apoyo a los liberales, intentó llevar a cabo un levantamiento desembarcando en la costa chilena. La expedición de Freire, según informaron los medios oficialistas, fue impulsada y financiada por el general Santa Cruz. Con ello, y después de varios intentos por desarticular la Confederación y ante la negativa obvia de protector boliviano de reconocer su apoyo a Freire,¹¹ el gobierno de Chile declaró de forma oficial la guerra a fines de 1836.

Una de las primeras medidas de carácter militar fue decretar el alistamiento en todas las provincias de Chile. Portales hizo un llamado urgente a las autoridades provinciales para reclutar hombres solteros, sanos y robustos mayores de 18 años y menores de 35, que fueran vagos y sin oficio. El ministro fue enfático en señalar que se tuviese la previsión de no incluir a los gañanes que fuesen laboriosos para no perjudicar a la agricultura. Esta medida se explica si se toma en consideración el devastador terremoto y maremoto que afectó a gran parte del valle central el día 20 de febrero de 1835. Las víctimas de esta catástrofe, según un cálculo muy general, alcanzaron a ciento veinte personas y generaron gravísimas consecuencias materiales. A cuatrocientos kilómetros de la capital, la ciudad de Chillán, por ejemplo, terminó prácticamente destruida, lo que obligó a refundarla en un sitio cercano; esto también se intentó con la ciudad de Concepción. Los campos se vieron afectados ya que se estropearon los trabajos agrícolas, hubo pérdida de animales y muchas viñas en el suelo (^{Mazzei, 2015, p. 35}).

Ramón Boza, en una carta al ministro del Interior, hizo una detallada exposición del estado de catástrofe en que había quedado la ciudad de Concepción y la preocupación que existía, desde el punto de vista económico, por los perjuicios que esto iba a generar en la agricultura:

¿Y cuáles no serán los perjuicios causados por consecuencia de este acontecimiento en las campañas, en un tiempo en que las cosechas de granos, principal producción de esta provincia, aun no se había conservado en depósito que las preservasen de las aguas? Pero si algo salvó de este elemento, la ruina de aquellos mismos depósitos destruyó las esperanzas de los que se habían anticipado á recoger y conservar sus frutos, según algunos avisos oficiales que he recibido (El Mercurio de Valparaíso, 20 de marzo de 1835).

El gobierno, con el objetivo de matizar las pérdidas, eximió de los impuestos de catastro y alcabala a las provincias más afectadas: Talca, Maule y Concepción.¹² Desafortunadamente, las precariedades del país impiden conocer el impacto que tuvo el terremoto en la producción de trigo y en las finanzas del Estado. Sin embargo, las medidas que se aplicaron permiten intuir el interés del presidente Prieto por proteger la industria del trigo. Por ejemplo, a inicios de 1837 se envió una circular a todas las gobernaciones del valle central solicitando a las autoridades locales que:

Averigüen con toda exactitud posible el número de fanegas de trigo que produjo cada uno de los departamentos de la Provincia de su mando en el año recién pasado. Se recomienda el pronto despacho de este informe que se necesita como un dato estadístico para formar un juicio seguro sobre nuestras relaciones comerciales con el Perú.¹³

Ese mismo año, y en los pocos datos estadísticos que existen, a pesar de la guerra, las exportaciones de trigo desde Concepción a Lima se mantuvieron, aunque presentaron una fuerte caída.¹⁴ El 28.78% de las exportaciones de grano de la región de Concepción estuvo destinado al mercado peruano. De cerca de 50 000 fanegas de trigo, alrededor de 65% quedó en el mercado local.¹⁵

Durante 1838 la situación en el sur del país empeoró a raíz de la sequía, dificultad natural favorecida por la pobreza de los campos que no poseían sistemas de riego y que dependían exclusivamente de la lluvia. A esto se agregaba la falta de caminos y la existencia de medios de transporte rudimentarios, lo que fomentaba el autoconsumo y desincentivaba la producción. En respuesta a estos inconvenientes, el gobierno tomó medidas para evitar que los labradores que vendían anticipadamente sus cosechas fuesen perjudicados por la sequía. Junto con la disminución de impuestos que mencionamos antes, el presidente utilizó un decreto de 1824 que establecía que en los años que por fatalidad no se lograra cosechar se impedía cobrar intereses a los productores y sólo se les obligaba a devolver lo que debían, sin usura alguna.¹⁶ De hecho, el intendente de Talca, a partir del clamor de los sembradores de trigo, solicitó al presidente que ediara entre estos y los tribunales de justicia que sentenciaban en contra de ellos por sus incumplimientos económicos sin tomar en cuenta la crítica situación en que se encontraban. El labrador insolvente, según denunciaba la autoridad, debía vender la yunta de bueyes, su caballo o la vaca lechera que sustentaba a su familia o el pedazo de tierra que poseía, lo que agravaba su pobreza. La propuesta del intendente era que la máxima autoridad interviniera a favor de un interés moderado para evitar que los labradores, aquejados por deudas que no podían pagar, se inclinaran por la corrupción de sus costumbres.¹⁷

La desigualdad de condiciones entre los productores y comerciantes fue, justamente, uno de los puntos que llamó la atención del naturalista inglés Charles Darwin. Durante su paso por el valle central, Darwin observó la pobreza de los campesinos y la paradoja que se producía en este intercambio comercial:

Los habitantes son propietarios del terreno, cosa bastante rara en Chile. No tienen otro medio de existencia que los productos de un huerto y de un pequeño campo, y son muy pobres. El capital es tan escaso en este país, que los campesinos se ven obligados a vender su trigo antes de segarlo, cuando aún está verde, a fin de poder adquirir lo que es necesario; resulta de ello que el trigo es más caro en el lugar donde se produce que en Valparaíso, donde viven los negociantes, 28 de abril de 1835. (^{Darwin, 2005, p. 240}).

La Sociedad Nacional Chilena de Agricultura¹⁸

La Constitución Política de Chile de 1833 plasmó el ideario político, social y comercial de la oligarquía dominante. Heredera de la ideología mercantilista que predominó durante los últimos años de la colonia, al Estado se le asignó la responsabilidad fundamental de estimular y proteger las actividades productivas nacionales: “Asimismo debía tomar las iniciativas necesarias para fomentar el desarrollo de la educación, la técnica, la ciencia y el conocimiento de los recursos naturales del país” (^{Cariola y Sunkel, 1990, p. 30}). Esta política fue fortalecida con la contratación de intelectuales extranjeros, entre los que destacan durante esta primera parte Andrés Bello y Claudio Gay. Aunque el interés por fomentar instituciones de carácter científico ya estaba presente en el ideario de Bernardo O’Higgins, no fue hasta la llegada de Gay y Bello que esto se materializó. En el caso del francés, gracias a sus trabajos y artículos es más fácil identificar su huella, por ejemplo en el desarrollo de un Museo de Historia Natural (^{Schell, 2009, p. 86}), así como la creación de un Jardín Botánico (^{Gay, 1841, pp. 1-8}). Sin embargo, para el caso de Bello, su aporte es más difícil de distinguir y sólo es posible seguir su pista por medio de sus círculos más cercanos.

En este entorno surgió la idea de formar una Sociedad de Agricultura por iniciativa de José Miguel de la Barra. Su biografía no es muy diferente en sus primeros años a la del resto de la elite que nació a fines del siglo xviii. Miembro del ejército patriota que luchó por la independencia, con base en sus méritos y cultura fue secretario de la primera legación de Chile en Londres. Su gestión fue clave para materializar la contratación y posterior traslado de Bello a Chile en 1828 (^{Jaksic, 2001, pp. 122-124}). Una década más tarde, De la Barra fue el gran gestor de la Sociedad de Agricultura. De acuerdo con lo que se describe en El Agricultor, medio oficial de la institución:

Años que se deseaba una asociación de esta naturaleza; pero faltaba un individuo que al mismo tiempo que concibiese el proyecto de su planteación, tomase á su cargo el realizarlo. El señor de la Barra se presentó al fin espontáneamente. Invitó y reunió en la casa de su habitación algunos vecinos respetables é influyentes, y puede decirse que todos ellos participaron del entusiasmo del patriotismo sin el cual no puede llevarse á cabo ninguna empresa importante (El Agricultor, núm. 1, octubre de 1838).

La idea, según lo que se señala en el párrafo anterior, había sido pensada con anterioridad y se inscribe dentro del proceso modernizador de la agricultura que se comenzó a desarrollar en Europa en el siglo xviii.

Según el estudio que realizó Gonzalo Izquierdo sobre la Sociedad de Agricultura, esta surgió a imitación de las asociaciones que se habían formado en España y que tenían como principal objetivo: “conseguir la prosperidad del país y de los súbditos, ya que todos los miembros del Estado tienen derecho a la felicidad” (^{Izquierdo, 1968, p. 18}).

Aunque de muy corta vida, el primer antecedente en Chile de este tipo de agrupaciones fue la Sociedad de Amigos del País de 1813, cuya misión era preocuparse del bienestar del pueblo y del progreso (^{Izquierdo, 1968, p. 21}).

El acta de la primera reunión de la Sociedad impulsada por De la Barra, y que tiene como fecha de inicio el 20 de mayo de 1838, establece que un número considerable de vecinos se reunieron en la Universidad de San Felipe, presididos por el ministro de justicia Mariano Egaña, con el objeto de fundar la sociedad, que fijó los siguientes artículos:

artículo 1.º La Sociedad de Agricultura se establece con el fin - 1.º de estimular, dirigir y propagar en toda la estensión de la República los estudios y los métodos prácticos, para mejorar el cultivo de las tierras, y la cría de ganados - 2.º de proteger la formación y conservación de los bosques y plantios; la aclimatacion de los árboles, plantas &, ya sea trasplantándolos de un punto á otro del territorio, ó importándolos del extranjero - 3.º de emplear su influjo y conocimientos, segun lo permitan las circunstancias, en el establecimiento de una policía rural, y de la legislación agrícola - 4.º y de proteger por todos los medios que estén á su alcance la inmigración de agrónomos y labradores que introduzcan nuevos ramos de industria agrícola ó mejoren los que ya tenemos (El Agricultor, núm. 1, octubre de 1838).

Junto a ello, se establecieron cinco secciones de trabajo a la que los miembros debían adscribirse. Entre estas se encontraba la de labranza y ganadería, bosques y aclimatación, policía rural y legislación agrícola, colonización e introducción de nuevos métodos, y de redacción, sección encargada de la publicación de un periódico en el que se daban a conocer los resultados de los trabajos.

El Mercurio celebró su fundación por considerar que Chile necesitaba diversificar su agricultura, circunscrita hasta ese entonces a la siembra de trigo y patatas y a la crianza del ganado vacuno. Al final de la nota destaca con optimismo: “Estamos persuadidos que ella servirá de modelo para otras muchas sociedades fomentadoras de las artes, del comercio, de la literatura, y de la beneficencia y moral pública” (El Mercurio de Valparaíso, 25 de mayo de 1838).

Entre las tareas de la Sociedad se encontraba la organización de exposiciones públicas de los productos del suelo chileno y de los nuevos instrumentos y máquinas de agricultura que se hubieran introducido o inventado, recogiendo la experiencia de lo que personajes como el mismo De la Barra y Bello habían observado en Inglaterra. Junto a los ya mencionados, también formaron parte de la sociedad Estanislao Portales, Ramón Rengifo, Ramón Luis Irarrázabal, por nombrar algunos y, como socios protectores, los ministros de Estado Joaquín Tocornal (ministro del interior, relaciones exteriores y hacienda), Mariano Egaña (ministro de justicia, culto e instrucción pública), Ramón Cavareda (ministro de guerra y marina). El presidente, además, fue nombrado patrono de la sociedad en reconocimiento al interés por la formación de la sociedad y protección generosa.

Claudio Gay, actor protagónico en la conformación de esta sociedad, aunque no la menciona en su obra sobre la agricultura chilena, destacó los beneficios que a su juicio iba a aportar esta organización: “la agricultura chilena iba a salir del estado de infancia y de empirismo en que las circunstancias y estado colonial la habían dejado” (^{Gay, 2009, p. 27}).

Días antes de esta acta, el 18 de mayo de 1838, el presidente Joaquín Prieto emitió un decreto que dio vida a la Sociedad Chilena de Agricultura y Colonización. Las razones oficiales que justificaban esta iniciativa eran que se trataba de una empresa que contribuiría en gran manera a fomentar y mejorar la industria naciente. Detrás de esto estaba lo que Benjamín Subercaseaux ha definido como “voluntarismo liberal”, es decir, la creencia de que las ideas liberales serían motor del progreso y que bastaba educar a la mayoría para cambiar la sociedad y la vida política del país (^{Subercaseaux, 2011, p. 38}.

La estrecha relación entre el Gobierno y la Sociedad queda jemplificada por el hecho de que, una vez formada la Sociedad, una numerosa comitiva fue recibida por el presidente en su palacio, donde José Miguel Barra pronunció un discurso que el mandatario contestó manifestando la complacencia que le causaba ver a los principales vecinos de Santiago ocupados en tan filántropos trabajos (El Mercurio de Valparaíso, 25 de mayo de 1838).

Si bien este afán modernizador no aparecía mencionado en el acta, detrás de este, del espíritu científico e ideal de progreso, estaba Claudio Gay, quien por entonces se encontraba en Chile contratado por el gobierno.¹⁹ En este ámbito, su aporte concreto se materializó por medio de la publicación de varios artículos en el órgano oficial de la sociedad.

Sobre este boletín, El Mercurio de Valparaíso, a raíz del primer número, se mostró cauto respecto a los beneficios de esta publicación:

No es posible formar todavía una idea exacta de a importancia que podrán tener sus trabajos de redacción. Suponemos que no dejaran de ser útiles y dignos de elogio atendiendo á la solicitud de todos los trabajos consagrados á tan importante objeto, y al inmenso depósito de conocimientos sobre la agricultura generalizados en países mas adelantados que Chile, y que se ignoran por los agricultores nacionales (El Mercurio de Valparaíso, 25 de mayo de 1838).

Una vez que la Sociedad estuvo conformada, una de las primeras medidas que se tomaron para que esta tuviera éxito fue solucionar la poca comunicación que existía entre la capital y algunas provincias de la república, considerando la importancia que poseía para esta institución mantener contacto con el resto del país:

Pudiera ser que no se tuviera en ellas noticias de la Sociedad de Agricultura, a que por escasos informes no se alcanzara a comprender toda la utilidad que promete a nuestra industria agrícola. Esta falta haría que no circulasen en aquellos lugares el periódico y demás publicaciones de la sociedad y quedasen privados de importantes conocimientos los Agricultores, que cabalmente tienen más necesidad de ellos.²⁰

De acuerdo con este mismo oficio, que fue difundido en el Valle Central e inspirado en los ideales de ilustrados, la Sociedad sería clave para introducir en las distintas zonas el “espíritu de adelantamiento” en las provincias. Con el objetivo de que las informaciones de esta Sociedad pudieran difundirse de forma eficaz, el presidente envió una circular al arzobispo de Santiago, al obispo de Concepción, a los intendentes y jueces de las provincias, a los gobernadores y municipalidades a través de los intendentes.²¹ El documento, que puede encontrarse en los archivos de varias gobernaciones, permite conocer cómo funcionaban las redes de comunicaciones del Estado, y la Iglesia era uno de los principales mecanismos de difusión con que contaba la incipiente república. Esto explica, entre otras cosas, el interés de los primeros independentistas en reconocer en los primeros reglamentos constituciones a la Iglesia y a la religión católica apostólica romana como la exclusiva de Chile, aunque la mayoría de estos hombres eran masones y no necesariamente católicos.

El fin de la guerra, el futuro de la sociedad y la apertura de nuevos mercados

Resulta interesante comprobar que las reuniones que dieron vida a la sociedad se efectuaron, luego del fracaso de la primera excursión liderada por el general Manuel Blanco Encalada, en forma paralela a los preparativos para enviar una nueva expedición al norte para luchar contra la Confederación Perú-Boliviana, ahora al mando del general don Manuel Bulnes y, junto él, su secretario José Miguel de la Barra. Durante la estadía de las fuerzas chilenas en Perú, De la Barra fue el impulsor y redactor del Boletín del Ejército Restaurador (^{Barra, 1901}).

La experiencia de De la Barra en el campo de batalla lo impulsó a publicar, once años después de finalizada la guerra, una reseña histórica sobre esta, un documento interesante como fuente (^{Gazmuri, 2006, p. 364}). En esta obra narró la expedición que permitió a Chile acabar con el proyecto del mariscal Santa Cruz en los campos de Yungay el 20 de enero de 1839.

A principios de ese año, la situación vivida en el sur por la escasez de trigo no mejoró. Los miembros del concejo de la provincia de Talca, ante la escasez de granos, aprobaron la compra de estos fuera de la provincia para socorrer la indigencia. Los fondos destinados para la compra de mil fanegas de trigo en la provincia de Talca fueron extraídos de los dineros que estaban destinados para la construcción de un establecimiento de educación pública.²²

A pesar del triunfo de Chile en la guerra contra la Confederación, el fin de las restricciones comerciales, restablecimiento de relaciones y la creación de la Sociedad de Agricultura, las sequías de mediados de 1839 provocaron estragos en las provincias del valle central y del sur. El gobierno, empeñado en aliviar las calamidades que provocó la escasez de víveres en los más pobres, cedió una suma de dinero “con el fin benéfico de socorrer a los miserables que sean acreedores a este auxilio”.²³ La Junta, a cargo del gobernador, el cura párroco y de un agente municipal, fue la encargada de la compra de ganado y granos y su distribución de forma equitativa entre quienes ellos estimaran conveniente.

Según los testimonios recogidos por Sotomayor, la gravedad de la sequía tuvo como consecuencia una fuerte migración del campo a la ciudad, y pese a la caridad de quienes los recibieron fue imposible evitar la muerte de centenares de hombres a consecuencia del hambre (^{Sotomayor, 1903, p. 161}). Para Collier, en cambio, esta hambruna fue una demostración de la pobreza de las comunicaciones y de que la ayuda no llegó a tiempo por la precariedad de los caminos (^{Collier, 2008, p. 37}). Por su parte, Vicuña, erradamente a nuestro juicio, atribuyó esta crisis a la falta de hombres provocada por el reclutamiento, un discurso que, más allá de su veracidad, fue silenciado o desconocido por la historiografía sobre este conflicto:

Y sucedió por último para completar este cuadro triste i verdadero, que mientras recibíamos bajo arcos triunfales a los bravos que habían ido a derramar su sangre por aquella causa completamente estéril, el país repleto de gloria, se moría de hambre, poblándose nuestras más ricas provincias de hordas de pordioseros que era necesario sostener a ración con los escasos dineros que la voracidad de la guerra no había aniquilado (El Ferrocarril, 26 de diciembre de 1878).

Entre las medidas llevadas a cabo producto de esta tragedia, el gobierno financió un estudio que analizara un sistema de regadío en la provincia del Maule. Por su parte, el intendente de Concepción propuso la construcción de graneros públicos, destinados a tener un depósito permanente de cereales. El presidente apoyó esta medida otorgando fondos para la adquisición de granos (^{Sotomayor, 1903, p. 161}).

Sin embargo, y a pesar de la dura situación alimenticia interna, lo que corrobora nuestra pespectiva sobre el conflicto, el mercado peruano siguió siendo prioritario y se reestableció rápidamente después de la guerra. Como se ha indicado, las cifras que son recurrentes en la década de 1830, aun cuando se trate de datos globales y no necesariamente exactos, están de acuerdo con el desarrollo estadístico que se produce a partir de 1844 y que nos permiten apreciar el valor del trigo chileno para el mercado peruano y cómo este efectivamente se mantuvo en los años inmediatamente siguientes al conflicto. Con base en las nuevas estadísticas oficiales que se suceden a partir del año indicado, ^{Sergio Sepúlveda (1959)} presentó las exportaciones hacia el Pacífico, mostrando con nitidez la importancia del mercado peruano (véase cuadro 4).

El mismo Sepúlveda afirmaba que, hasta 1849, momento en que surge California, la estadística oficial, en sus primeros años (desde 1844) demostraba con evidencia que incluso ni el nuevo mercado californiano no había afectado la antigua exportación de trigos hacia Perú, salvo en los años 1851 y 1853, cuando a California se une otro mercado en el Pacífico como el de Australia (^{Sepúlveda, 1959, p. 34}). Como sabemos, los mercados de California y Australia fueron significativos, pero transitorios. Perú siguió siendo importante.

Respecto al futuro de la Sociedad Nacional de Agricultura, Diego Barros destaca como aportes concretos, la creación de la Escuela de Artes y Oficios en 1847 (^{Barros, 2003, pp. 149 y 159}). En efecto, la sociedad consiguió el apoyo de los principales medios de la elite y a través de su publicación procuró la difusión de información que en aquella época sólo se transmitía por vía oral. Hasta ese entonces, la agricultura seguía anclada a las prácticas coloniales, alejada de las técnicas modernas que hace un siglo ya se estaban llevando a cabo en parte de Europa.

El declive de este primer ciclo de la Sociedad se vivió en 1848, para volver a ser fundada ocho años más tarde, con el impulso de Benjamín Vicuña Mackenna y Jerónimo Urmeneta. Aunque no existe una razón específica que permita determinar la crisis de la primera sociedad formada por De la Barra, las críticas que realizó José Miguel Infante a través de la prensa, nos pueden entregar algunas luces sobre este declive. Uno de los cuestionamientos de Infante en relación con el origen de la Sociedad de Agricultura sostiene que este no se encontraba en el pueblo, sino en el poder, lo que amenazaba su libertad (^{Izquierdo, 1968, p. 43}).

A nuestro juicio, Infante apunta a un aspecto de suma relevancia: no se podía esperar un mayor aporte de una institución cuyos miembros eran los mismos que estaban en el gobierno. Esta comunidad de intereses explica tanto su impulso como su decadencia.

Conclusiones

El proceso de expansión y transformación de la agricultura chilena en una economía exportadora desde 1850 a 1930 (^{Robles, 2003}) fue el resultado de un proyecto renovador de la industria agrícola que se inició en la década de 1830. La oligarquía terrateniente, después de derrotar a los liberales, ejecutó un programa que buscaba una transformación general del Estado en diversos ámbitos: político, económico y social. Sin embargo, la aplicación de estos cambios quedaba sujeta a la generación de recursos para que pudiese ser sustentable.

El presidente Joaquín Prieto, apoyado por el comerciante Diego Portales, enfocó su atención en el desarrollo del puerto de Valparaíso como entrepot del Pacífico y en el impulso de la industria del trigo como bases de la economía nacional.

Mientras que el primer proceso ha sido estudiado por diversos historiadores, el segundo ha sido relegado por la historiografía por lo menos en las décadas que van desde 1830 hasta 1850, principalmente porque no existe información suficiente como para estudiar este tema de forma rigurosa. A partir de esta falencia, hemos recurrido a los archivos provinciales, publicaciones periódicas y epistolarios que permiten, aunque de forma tentativa, revelar la importancia que se le asignó al comercio del trigo durante este periodo.

Aunque se han considerado escasamente, la llamada guerra de impuestos y el posterior fracaso de un tratado de libre comercio entre Perú y Chile en 1835, que trabó los intercambios de azúcar desde Lima a Santiago y de trigo de Chile a Perú, habrían sido un factor clave en la incitación a que la oligarquía chilena emprendiera una guerra contra la Confederación que unió a Perú y Bolivia en 1836.

A partir de estos antecedentes, el enfrentamiento contra la Confederación no puede considerarse como un hecho aislado de otras medidas que se tomaron para impulsar la economía del trigo.

Parece más que una casualidad que, dos meses después de haberse formado la Sociedad Nacional de Agricultura, su principal impulsor, José Miguel de la Barra, haya emprendido un viaje para combatir al norte, como secretario del jefe del ejército restaurador, general Manuel Bulnes.

Los antecedentes que hasta ahora hemos revisado nos permiten afirmar que la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana tuvo entre sus causas principales el factor económico, mantener la hegemonía del puerto de Valparaíso sobre el de Callao y, en segundo lugar, conservar en buenas condiciones el mercado peruano. A la vez, el triunfo contra la Confederación, el establecimiento de condiciones económicas favorables para el trigo chileno en el mercado peruano, la formación de la Sociedad Nacional de Agricultura, el aumento de obras de regadío, la divulgación de información que fuese útil a los agricultores y los primeros intentos del gobierno de elaborar una base estadística fueron las bases para el desarrollo del favorable ciclo exportador que se abrió con California en 1848. El éxito de los empresarios agrícolas de la época les permitió, además, integrarse a los sectores más avanzados de la economía chilena de mediados del siglo xix: “Así, se creó un fuerte vínculo entre los sectores financieros de Valparaíso-Santiago y las actividades agrícolas y mineras y, consecuentemente, las diferentes elites económicas se integraron en un grupo relativamente homogéneo (^{Cavieres, 1984, p. 81}).

La fundación de la Quinta Normal, en el antiguo llano de Portales (^{Correa, 1938, p. 212}) por iniciativa de Claudio Gay en el barrio de Yungay, creado en conmemoración al triunfo de Chile contra la Confederación, parece un símbolo permanente de esta unión de intereses.

Archivos

ahnch Archivo HistóricoNacional de Chile, Chile.

Hemerografía

El Araucano, Santiago, Chile.

El Agricultor, Santiago, Chile.

El Ferrocarril, Santiago, Chile.

El Mercurio de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

El Mercurio Peruano, Lima, Perú.

El Redactor Peruano, Lima, Perú.

El Telégrafo, Lima, Perú.