SANTIAGO.- La justicia chilena rechazó hoy la reapertura del proceso por el asesinato en 1976 del diplomático español Carmelo Soria, con lo que el caso se cerró definitivamente en este país, informaron hoy fuentes judiciales.
La resolución fue adoptada por la sala penal de la Corte Suprema, que confirmó el dictamen del juez especial José Benquis, quien consideró el pasado 1 de julio que existía "cosa juzgada" puesto que el caso fue archivado en 1996 por aplicación de la ley de amnistía de 1978.
El caso Soria fue reabierto en octubre de 2003 a través de una querella entablada por la hija del diplomático español Carmen Soria en contra de Augusto Pinochet, acción de la que se hizo parte el Estado chileno.
La querella fue presentada en el marco de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la cual la familia Soria acusó al Estado de Chile de denegación de justicia por el cierre del caso en 1996.
En la oportunidad el juez Eleodoro Ortiz -que no investigó a Pinochet- sólo enjuició a tres personas, que fueron beneficiadas por la ley de amnistía promulgada por la dictadura (1973-1990).
"Con la resolución de la Corte Suprema se consagró hoy la impunidad penal en el caso Soria", dijo a EFE el abogado Alfonso Insunza, representante en Chile de la familia del funcionario de Naciones Unidas.
El abogado agregó que el caso, sin embargo, sigue su curso en España, "donde el juez Baltasar Garzón ha despachado órdenes de detención internacional en contra de Pinochet y otros involucrados", indicó.
la familia Soria interpuso una querella por el asesinato del diplomático ante el juez Garzón, que investiga en Madrid el asesinato del diplomático y de otros españoles durante el régimen militar.
Insunza recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que si el caso no se reabría en Chile, el Estado chileno tenía que enfrentar la jurisdicción internacional.
Carmelo Soria, que residía en Chile desde el final de la Guerra Civil Española (1936-1939), fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago.
Según consta en el proceso, Soria fue asesinado por miembros de la Brigada Mulchén de la Dirección de Inteligencias Nacional (DINA).
Entre los imputados en la nueva querella, aparte de Pinochet figuraban el director de la DINA, el general en retiro Manuel Contreras; el subdirector, el brigadier en retiro Pedro Espinoza, y el general en retiro Jaime Lepe.
Sin embargo, pese a la derrota en el campo penal, este martes ingresó a tramitación en el Parlamento el acuerdo entre el gobierno de Chile y Naciones Unidas que obliga a pagar una indemnización de 1,5 millones de dólares a la familia Soria, acuerdo pactado en el marco de las reclamaciones ante la CIDH.
El acuerdo, que debe ser ratificado por el Congreso, establece además la entrega de una declaración pública del gobierno de Chile en la que reconoce la responsabilidad del Estado por la acción de sus agentes en la muerte de Soria y la orden de levantar una obra que recuerde su memoria en un lugar designado por su familia.
La CIDH estableció en su resolución de agosto de 1999 que el Estado chileno violó respecto de Carmelo Soria "el derecho a la libertad personal, el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre".
