El presidente de Chile Eduardo Frei concedió hoy el indulto que conmuta por presidio perpetuo la pena de muerte impuesta por la Corte Suprema a Cupertino Andaur, un delincuente que en 1992 violó y asesinó a un niño de nueve años.
El indulto, anunciado por el propio Frei en el palacio de gobierno de La Moneda, fue antecedido de intensas polémicas entre partidarios y detractores de la pena capital, desde que Andaur fuera sentenciado por la Corte el día 19.
"No puedo creer que para defender la vida y castigar al que mata, el Estado deba a su vez matar. La pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motiva. Sólo Dios da la vida, sólo Dios puede quitarla", dijo el mandatario.
Andaur, recluído en un penal de Santiago a la espera de la decisión presidencial, será trasladado a la cárcel de La Serena, 470 kilómetros al norte de la capital, que ofrece mejores condiciones de seguridad para que cumpla el presidio perpetuo.
En la madrugada del 31 de diciembre de 1992, el delincuente y tres cómplices entraron a robar a la residencia de la familia Zamorano Jones en el acomodado barrio santiaguino de Lo Curro, donde Andaur violó y luego apuñaló al pequeño Víctor.
La crueldad y sadismo atribuidos al crimen hicieron que la mayoría de la población, según encuestas, se manifestara en este caso partidaria de que Andaur fuera llevado hasta el pelotón de fusilamiento.
La Iglesia Católica y la mayoría de los líderes políticos, así como numerosos juristas y dirigentes de organismos humanitarios abogaron en cambio por el indulto en un debate que trascendió los alineamientos de gobierno y oposición o de izquierda y derecha.
Frei, un católico practicante y militante de la Democracia Cristiana, se atuvo finalmente al programa de gobierno de la Concertación por la Democracia, que postula la abolición de la pena de muerte.
Bajo ese mismo criterio, su antecesor Patricio Aylwin (1990-94) otorgó el indulto a dos peruanos y a un campesino, acusados por homicidios y violaciones, en los dos casos de condenas a muerte emitidas por la Corte Suprema bajo su mandato.
El martes último, senadores de la gobernante coalición de centroizquierda y de la oposición derechista, acordaron promover una ley que traspase del presidente a una instancia colegiada la facultad de indultar a condenados a muerte.
En el Senado está también pendiente la votación de un proyecto para abolir la pena capital, medida ya rechazada bajo el gobierno de Aylwin en la cámara alta, que acordó mantenerla para casos de crímenes calificados de aberrantes y de traición a la patria.
Este proyecto, del senador derechista Sebastián Piñera, plantea igualmente la efectividad del presidio perpetuo, ya que de acuerdo a la actual normativa los sentenciados esa pena pueden recibir beneficios que reducen la condena.
En la historia de Chile se consignan 57 ejecuciones de condenados a muerte y el último fusilamiento ocurrió en enero de 1985, cuando el dictador Augusto Pinochet negó el indulto a dos policías de Carabineros acusados de crímenes y violaciones.
La abogada Mónica Madariaga, ministra de Justicia bajo el régimen de Pinochet, defendió este jueves en declaraciones al diario La Epoca la pena de muerte como un método de "restablecimiento del orden social".
Madariaga, quien respaldó su posición con referencias al cristianismo, dijo respecto a Andaur que "a lo mejor le conmutaría la pena… pero por castración, y lo echaría desnudo a las calles, castrado".
Como ministra de Justicia, Madariaga fue la autora en 1978 de la ley de amnistía que concedió impunidad a los autores de la mayoría de los más de 3.000 crímenes contra los derechos humanos cometidos bajo la dictadura de Pinochet (1973-90). (FIN/IPS/ggr/dg/hd/96
