El 31 de agosto de 1932, el Decreto Ley 520 creó el Comisariato General de Subsistencia y Precios, organismo estatal dependiente del Ministerio del Trabajo. Su objetivo principal radicó en asegurar a toda la población, especialmente a los más desamparados, la adquisición de bienes de primera necesidad concernientes a vestuario, alimentación, calefacción, alumbrado, transporte, productos medicinales, entre otros. Para ello, el Estado debía fijar los precios de acuerdo a la capacidad de producción y las necesidades del consumo para así evitar la especulación, el acaparamiento y el alza artificial de los precios.